A diferencia de otros años, en los cuales un simple decreto basta, esta vez el anuncio lo hizo el propio presidente de la República en la víspera de Navidad. Durante una novena en Zipaquirá, el mandatario señaló que el salario mínimo crecerá en 9,5 por ciento a partir del próximo primero de enero.
Así, la remuneración que reciben cerca de 2,2 millones de personas quedará en 1’423.500 pesos, a lo cual se agregará un subsidio de transporte de 200.000 pesos en los casos en que proceda. Unidos, los dos incrementos alcanzan un 11 por ciento, la cual no es una cifra menor.
El motivo es que el reajuste supera con creces el aumento previsto en la inflación este y el próximo año. En otras palabras, no solo aquellos hogares cuyos ingresos dependen del mínimo recuperarán el poder adquisitivo perdido en 2024 por cuenta de la evolución de los precios, sino que en términos reales tendrían una mayor capacidad de compra.
Aunque puesta de esa manera la decisión suena como algo muy positivo, el asunto es más complejo. La razón es que implica un crecimiento significativo en los costos laborales, justo cuando la economía colombiana atraviesa por una coyuntura compleja que se expresa en una expansión modesta de la actividad productiva.
Tal como lo señalaron diversos gremios y entidades especializadas, los riesgos principales son tres: el primero es que aumenten desocupación e informalidad por causa de empleadores que decidan despedir personal o no abrir nuevas plazas. El segundo es que, en un país con elevados niveles de indexación (numerosas tarifas o servicios están atados al salario mínimo), se presente un rebrote inflacionario. También está la posibilidad de que el encarecimiento de la mano de obra aumente las quiebras de firmas o ahuyente la inversión.
Mención aparte merecen las finanzas del Estado, que también deberán asumir cargas extraordinarias, tanto por el lado de la nómina oficial como de las mayores erogaciones pensionales. Dada la conocida estrechez de las cuentas públicas, el Ministerio de Hacienda se verá obligado a buscar recursos que deberán salir de otros segmentos del presupuesto.
Al respecto, aparece siempre la afirmación de que la mejora salarial acaba siendo positiva porque estimula la demanda y reduce las brechas sociales. Dicha postura desconoce, sin embargo, las ramificaciones de una determinación que, así sea bien intencionada, amenaza con ocasionar múltiples dolores de cabeza.
Esa es la razón por la cual la fijación del salario mínimo se maneja con tanta cautela en las más diversas latitudes. Como señaló alguien en alguna ocasión, si esta fuera la manera de acabar con la pobreza hace tiempo que el mundo lo habría hecho.
En cambio, lo que muestra la experiencia, dentro y fuera de la región latinoamericana, es que los peligros que siguen a los excesos son reales. Debido a ello, la política económica debe acomodarse para contener eventuales espirales alcistas que pueden surgir si las autoridades bajan la guardia. Solo queda esperar que el sector empresarial logre adaptarse a esta nueva prueba y que dentro de un año no haya un balance indeseado de un alza que marcará el desarrollo de los desafíos económicos del 2025.
Fuente: Eltiempo.com